Diputados aprobaron, con 22 votos a favor y tan sólo dos en contra, la autorización para que el Ejecutivo del Estado pueda contratar empréstitos hasta por dos mil 700 millones de pesos, que serán destinados para obra pública productiva.
En su oportunidad y durante su comparecencia ante legisladores, el Secretario de Hacienda, Gonzalo Abelardo Herrera Castilla manifestó que el 20 por ciento de esos recursos serían aplicados por la actual administración gubernamental como estrategia financiera para hacer frente a la reducción presupuestaria del gobierno federal hacia los Estados del país que ha proyectado en su iniciativa de egresos que presentó ante el Congreso de la Unión.
Además, con esos recursos se mejorarían sustancialmente las aportaciones federales en diversos proyectos y programas sociales mediante el sistema de paripasos, en donde la federación aporta una cantidad y el Estado otra, situación que sería imposible de no contar con los recursos crediticios que ya fueron autorizados.
Cabe señalar que de esa forma es un hecho la consolidación del “Plan para Mantener la Inversión, el Empleo y la Economía Familiar” en el cual el gobierno del Estado contempla siete ejes rectores que son: 1. Acelerar la ejecución de la obra pública programada; 2. Generar ahorro en gasto corriente para financiar más obra pública; 3. Incrementar las acciones de fomento al empleo; 4.- Apoyar a proveedores locales en compras y obras del sector público; 5.- Ampliar los apoyos a las micros, pequeñas y medianas empresas; 6. Mantener sin incremento las tarifas de los servicios públicos que presta el gobierno estatal, y 7. No incrementar impuestos estatales.
En otro orden de ideas, el Pleno Legislativo dio entrada a una iniciativa promovida por el diputado Wiliam Souza Calderón para reformar el artículo 15 de Ley de Derechos Humanos a fin de incrementar los requisitos para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, entre los cuales se destaca que el aspirante “no se encuentre bajo proceso de investigación”; que no haya ocupado algún cargo de secretario de Estado o haya sido gobernador, juez o magistrado del Poder Judicial; procurador o subprocurador; en el año anterior a su elección.
Cabe señalar que al término de la sesión compareció ante diputados el presidente municipal de Othón P. Blanco, Andrés Ruíz Morcillo, para explicar a detalle los motivos por los cuales solicitó al Congreso del Estado le autorice contratar deuda hasta por 130 millones de pesos, pagaderos a 20 años.
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