Rosa Santana
El Congreso local se sumó a la demanda de controversia constitucional que hace unos días entabló el Ejecutivo estatal en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con el propósito de invalidar los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 en los que se atribuyen a Campeche 191 comunidades asentadas en la franja territorial que desde hace 14 años se disputan ambas entidades.
El Congreso local se sumó a la demanda de controversia constitucional que hace unos días entabló el Ejecutivo estatal en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con el propósito de invalidar los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 en los que se atribuyen a Campeche 191 comunidades asentadas en la franja territorial que desde hace 14 años se disputan ambas entidades.
En el punto de acuerdo aprobado hoy por unanimidad, se expone que en el Censo 2010 se excluyó “de manera arbitraria” a 191 comunidades que Quintana Roo reclama como suyas, “causando un agravio directo porque, además de abonar a la marginación y la pobreza, se reducirá drásticamente el monto de las participaciones federales” que recibe la entidad.
En el punto de acuerdo, presentado por el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Espinosa, se plantea también que con la exclusión de esas 191 comunidades de la cartografía quintanarroense el Inegi dejó fuera de la entidad a casi 30 mil habitantes.
"Los resultados del censo 2010 que el INEGI expidió el 3 de marzo pasado, en el cual deja de incluir a 191 comunidades de Quintana Roo, con un total de 27 mil 581 habitantes, causan agravio a esta entidad federativa y a sus municipios en la reducción del monto en las aportaciones percibidas”, explicó Espinosa Abuxapqui.
Añadió que lo anterior impacta de manera directa “en el índice de marginación y pobreza extrema, causando una afectación sustantiva en la asignación de recursos derivados del presupuesto anual de egresos de la Federación".
Argumentó que el proceder de Inegi constituye un acto de privación de los derechos que la Ley de Coordinación Fiscal le otorga a esta entidad:
"Es clara la violación toda vez que dicho acto fue emitido por una autoridad que carece de competencia constitucional para modificar la superficie territorial de las entidades federativas", enfatizó.
Sostuvo que la actuación del organismo carece de toda fundamentación y motivación, ya que “el documento que presentó no expresa las razones de derecho y los motivos considerados para su emisión, los cuales debieron ser reales, ciertos e investidos de la fuerza constitucional y legal suficiente para suprimir a Quintana Roo esa porción de su territorio”.
Detalló que el INEGI sólo tiene la facultad para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia, pero no está facultado para alterar, modificar o suprimir superficie territorial alguna como está ocurriendo en el caso quintanarroense.
Las comunidades en cuestión se asientan en una zona de más de 4 mil kilómetros cuadrados que, desde 1997, a partir de la creación del municipio campechano de Calakmul, se disputan Campeche y Quintana Roo en un juicio que también implica a Yucatán.
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