- Renunció a su partido el diputado Baltazar Tuyub
- Considerado como una traición por parte de sus ex correligionarios
El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, que propone inculcar conceptos y principios de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como la valoración de la protección y conservación del medio ambiente.
En la misma sesión, el diputado Baltazar Tuyub Castillo anunció su salida del Partido Nueva Alianza y se declaró independiente, lo que lo llevó a ser calificado como traidor por parte de sus ahora excompañeros de bancada, pues “el transfugismo legislativo no es otra cosa que el abandono y traición al partido por el cual ha sido electo un representante popular…”, señaló Manuel Tzab Castro, integrante de ese grupo parlamentario.
Y es que, dijo, un cambio de partido y de bancada socava el principio universal del sufragio, máxima social de la democracia, donde el pueblo elige de manera libre y directa los principios, las fórmulas, los programas y proyectos que benefician a la población. En aquellos casos en que se utiliza la voluntad ciudadana para convertir los votos en escaños y beneficio personal sobre los proyectos y plataformas políticas y se distorsiona el nivel de representación determinado por los electores, se viola la voluntad ciudadana y el ejercicio irrestricto de representatividad.
De hecho, el legislador consideró que ante ese tipo de traiciones debiera existir en la ley la posibilidad de que los electores puedan votar nuevamente para elegir a quien los represente, pues dijo, una falta de respeto y ética política, es que un representante tenga la libertad de elegir su membrecía partidista sin considerar a los electores porque de esta forma restringe y socaba la voluntad de delegación del mandato y de representación soberana tomando únicamente el beneficio personal, en nombre de sus electores.
Por su parte, el diputado Paúl Carrillo de Cáceres, integrante del Partido Revolucionario Institucional, hizo uso de la tribuna para hacer patente el “santinbanquin” que realizó el diputado Baltazar Tuyub Castillo cuando en su momento contendió por el XIII Distrito pero por los partidos Verde Ecologista y Revolucionario Institucional, y luego lo hizo por el Partido Nueva Alianza, situación que fue considerada como un insulto a la inteligencia.
En su oportunidad, el diputado Luis Torres Llanes, también del Partido Revolucionario Institucional, consideró el hecho como una falta de lealtad hacia un instituto político que le permitió ocupar el cargo de diputado que hoy ostenta: “Renunciar al partido político que te cobija, que te arropa y que ha prestado su fuerza para ocupar un escaño en esta Legislatura, contraviene los mínimos de respeto político social y sin duda afrenta el valor de la lealtad”.
En otro orden de ideas la iniciativa propuesta por la diputada Gabriela Medrano Galindo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático e integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), atiende a la reforma de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2011.
La iniciativa considera incluir en la legislación estatal que la edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.
En la exposición de motivos, la legisladora del PVEM plantea que la base de todo desarrollo es la educación de quienes contribuyen a ello, y para lograr la igualdad de oportunidades y el bienestar, se necesita la aplicación de los principios básicos y de los elementos que contribuyan a lograr que la educación en el país y en Quintana Roo sea notable.
Medrano Galindo detalla que la iniciativa pretende contribuir al perfeccionamiento de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, atendiendo las necesidades educativas y de desarrollo de los involucrados en la aplicación y vigilancia de la ley.
La iniciativa de decreto reafirma que todos los servicios educativos que el Estado imparta serán gratuitos y laicos. Además plantea puntos como la inclusión de la educación ambiental, sistemas de evaluación, y las facultades que se le agregarían a la Secretaría de Educación del estado para desarrollar programas dirigidos a maestros y padres de familia.
También se busca facultar a la Autoridad Educativa Estatal (la Secretaría de Educación), para desarrollar programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar; efectuar programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijas e hijos.
La propuesta también contempla facultar a la Secretaría de Educación para que otorgue estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Educación y a la de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio y análisis correspondiente.
En la misma sesión se dio entrada a la minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al Artículo 4to, recorriéndose en el orden subsecuentes, y un Segundo Párrafo a la Fracción XX del Artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El documento fue turnado para su estudio y análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables.
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