El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de decreto para modificar la Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo para impulsar estrategias que encaminen a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como al empoderamiento de la mujer indígena y a la igualdad de facto.Se trata de una iniciativa presentada en la XII Legislatura por el entonces gobernador Félix González Canto, y tiene por objeto garantizar el acceso a la justicia a las mujeres indígenas desde una igualdad sustantiva.
De acuerdo con la iniciativa, la violencia de género hacia mujeres indígenas y las prácticas discriminatorias hacia las mujeres indígenas, obstaculizan que la mujer tenga acceso a la educación, salud, tenencia de la tierra y distribución y toma de decisiones de poder, razones por las que se les ha negado por años el reconocimiento social. Además, reconoce a la pobreza como un factor fundamental que ha limitado a las mujeres a conocer sus derechos, y consecuentemente limitando su acceso a la justicia.
La iniciativa da respuesta a las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en agosto de 2006 instó a México a que se asegure que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza traten de manera explícita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la pobreza y la discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y mujeres de zonas rurales.
Entre las modificaciones que plantea la iniciativa, destacan los requisitos para el nombramiento de jueces tradicionales, como son: dominar el idioma, conocer los usos, costumbres y tradiciones de su comunidad; tener actitudes idóneas con perspectiva de género libres de estereotipos, prejuicios o conceptos de subordinación de un género hacia otro; contar con capacitación en materia de perspectiva y violencia de género, y no haber estado sometido a cualquier procedimiento penal, civil o administrativos por violencia familiar, en cualquier fuero.
De igual forma, se considera adicionar un artículo para que los jueces tradicionales, antes de iniciar procedimientos, verifiquen que no exista violencia de género o cualquier tipo o modalidad de conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia; patrones de sumisión de algunas de las partes con respecto a la otra y discriminación por razones de preferencia sexual, sexo, ideología, creencias, etc.
También contempla que la integración del Consejo de la Judicatura de la Justicia Indígena, tenga una composición equilibrada de mujeres y hombres, es decir, en un 50 por ciento, salvo que no reúnan los requisitos legales respectivos.
La reforma propone que las resoluciones de carácter familiar que los jueces emitan deberán tener en consideración: que las mujeres y hombres gozarán de igual autoridad en el hogar, que las mujeres tienen pleno derecho a un desarrollo personal e individual diverso al de la familia, que los hijos menores de edad hasta los doce años quedarán bajo la custodia de la madre en caso de divorcio, que las costumbres o tradiciones en ningún supuesto implicarán someter a las mujeres a roles estereotipados de sumisión, obediencia o dependencia; y finalmente que en los casos de violencia familiar la prioridad es la seguridad de la mujer y sus hijos menores, y no la reconciliación de la pareja.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Desarrollo Indígena y Equidad de Género.
Por otra parte y en el marco del Día de la Madre, el diputado Gabriel Carballo Tadeo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), convocó a los integrantes de la XIII Legislatura a hacer equipo por Quintana Roo, en beneficio de las familias y madres trabajadoras, para incluirlas en la agenda legislativa y ofrecer soluciones a población vulnerable.
El legislador coincidió con el pronunciamiento hecho por la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo Mariana Zorrilla de Borge, en el sentido de no recortar los recursos a los diversos programas que opera esta institución en apoyo a los quintanarroenses en desventaja
“Hagamos equipo por Quintana Roo: el Ejecutivo que sea quien atienda la causa social, el Judicial quien proteja las garantías de las familias, y el Legislativo quien construya las condiciones justas para el desarrollo social, esa es la iniciativa que debemos respaldar”, añadió.
Carballo Tadeo dijo que en Felipe Carrillo Puerto existe mucha necesidad y en su paso por el DIF conoció el rostro de la gente humilde, y fue desde ahí donde se pudo cambiar rostros y cambiar historias, además de atenuar el dolor de miles de madres de familia de las comunidades más vulnerables.
Ahora desde el Congreso lucharemos por las familias, por todas las madres de Quintana Roo, mujeres cuyo origen genuino las convierte en los seres únicos que pueden olvidar todo menos de la existencia y la necesidad de un hijo o un ser querido.
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