- Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, destaca el aval otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Decreto 299, expedido por el Congreso del Estado el 9 de agosto de 2010.
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| Roberto Borge Angulo |
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el Decreto 299, expedido por el Congreso del Estado el 9 de agosto de 2010, que adicionó y reformó artículos del Código de Procedimientos Penales y la Ley de Defensoría Pública, así lo dio a conocer hoy el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
De esa manera, la SCJN falló, por seis votos contra cinco, contra la acción inconstitucionalidad No. 21/2010, promovida por el Procurador General de la República contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Quintana Roo.
La acción responde al hecho de que el Congreso de la Unión aprobó el 20 de agosto de 2009 reformas a las fracciones 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el combate al narcomenudeo deje de ser responsabilidad exclusiva del Gobierno Federal y se vuelva concurrente con las entidades federativas y fijó un año para que éstas realizaran las modificaciones legislativas y tres para realizar las acciones necesarias.
Sin embargo, la Corte avaló la decisión de las legislaturas de Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua, que fijaron hasta agosto de 2012 el plazo para que entre en vigor la reforma a la normatividad local en materia de narcomenudeo.
Seis de los 11 ministros consideraron que la entrada en vigor de las leyes locales se puede posponer, siempre que las reformas y acciones administrativas para concretarla inicien su vigencia a más tardar el 21 de agosto de 2012.
—Al validar la reforma del Congreso del Estado la Corte certificó su constitucionalidad, pero lo más importante es que nos brinda la oportunidad de programar cómo “aterrizar” estas reformas, para las cuales se requieren presupuestos específicos que en este momento no se tienen —agregó el jefe del Ejecutivo estatal.
El Gobernador señaló que el Tribunal Superior de Justicia del Estado deberá programar los recursos que se requieren para habilitar las instalaciones necesarias, capacitar y pagar al personal que atenderá esta nueva responsabilidad, a fin de someterlo a la aprobación del Congreso del Estado.
—Estas reformas implican un alto costo presupuestal para Quintana Roo y vamos a cumplir, pero requerimos tiempo para hacer los ajustes y tener la infraestructura necesarios —manifestó—. Una vez más, reitero que somos respetuosos de las decisiones del máximo tribunal del país.
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