Por Luis A. CABAÑAS BASULTO
Convertido hace unos meses en flamante Senador de la República y con el supuesto argumento de “proteger la privacidad de las empresas contratantes” y “el interés del Estado”, el ex gobernador de Quintana Roo, Félix González, puso en marcha una estrategia de opacidad para mantener bajo resguardo distintos casos de corrupción e impunidad durante su sexenio.
En este sentido, existían explicables temores en su gobierno por clasificar como reservada buena parte de su información, ya que era uno de los principales beneficiarios del ejercicio del poder público, donde no dejó una sola oportunidad de hacer negocio, ya que lo mismo gestionó y obtuvo, por ejemplo, la concesión del Gobierno Federal para que Quintana Roo construyera, operara, explotara, conservara y mantuviera los puentes sobre las lagunas Nichupté y Bojórquez de Benito Juárez, incluyendo sus entronques y vialidades de acceso.
Lo anterior, no tendría mayor problema de no ser porque una de las condiciones de la concesión establece que la concesionaria (el gobierno de Quintana Roo) podría explotar por sí o a través de terceros, a título oneroso o gratuito, los servicios o actividades auxiliares sobre el derecho de vía.
Y esa tercera persona, curiosamente, no es otra más que uno de los operadores financieros de Félix González, que podría obtener 17 mil millones de pesos en 30 años con el pago de las cuotas de peaje y mediante una inversión pública de menos de 3 mil millones, y ganancias, en cambio, si nadie hacía nada, privadas. Mejor negocio, imposible.
Aún considerado gobernador tras bambalinas, el legislador cozumeleño clasificó también como reservada la información de la paraestatal de Servicios Aéreos Ejecutivos (SAESA) por dos razones, primera porque siempre ha operado con déficits al gastar sensiblemente más de lo que recupera como tendencia anual recurrente.
La segunda razón es porque, conforme a las bitácoras del plan de vuelo de la nave XAUFB, propiedad de la paraestatal, familiares y amigos de Félix González eran los viajeros frecuentes para viajes no oficiales a distintas partes del país y el extranjero, en un sólo hecho constitutivo de responsabilidad administrativa que daría lugar a varios tipos penales.
Pese a ello, al auditar a la empresa entre 2006 y 2009 para distintos ejercicios fiscales, la Auditoría Superior del Estado de consideró de manera por demás sospechosa que la paraestatal “cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental”. Eso si es que existió independencia y profundidad de análisis en la dependencia.
Félix González no le hacía el “feo” a ninguna de las formas de obtener ganancias a través del ejercicio público. Así, por ejemplo, el registro oficial de Taxis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado tenía como “ruleteros” de concesión “indefinida” en Cozumel al propio ex gobernador, sus padres Lenin Matías González Padrón y Yolanda Canto Pacheco, y su cuñado José Alfredo Asunción Martín Villanueva, entre muchos otros familiares, amigos y colaboradores.
Este lamentable estado de cosas, por desgracia, es parte de una cultura tolerada de la corrupción y del “no pasa nada”, aunque algunas publicaciones que han hecho públicos casos de corrupción, como el semanario “Luces de Siglo”, de la periodista Norma Madero de Paredes, han sido objeto de ataques e intimidaciones. Ejercer el escrutinio con datos duros sobre los gobernantes cada vez resulta en el país más costoso.
Como corolario de denuncias de esta naturaleza, el 22 de agosto del 2007 localizamos en Internet otro “Acuerdo por el que se clasifica diversa información del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado”, donde el entonces titular de la Secretaría de la Contraloría, Antonio Bernardo Baduy Moscoso, explicaba que, en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 30 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Acuerdo por el que el gobernador Félix González “me delega la facultad que le compete al titular del Poder Ejecutivo para expedir los acuerdos que clasifiquen la información como reservada o confidencial…”, consideraba:
-Que en ejercicio del derecho de acceso a la información que tutela la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Entado, cualquier ciudadano puede allegarse y tomar conocimiento de la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven los sujetos obligados.
No obstante, apunta que, siendo que el referido ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sólo será restringido en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia mediante las figuras de la información reservada y confidencial.
Para formalizar dicha restricción, los titulares de las dependencias y entidades de gobierno deberán solicitar a la Unidad de Vinculación del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado la clasificación de la información como reservada o confidencial, para lo cual presentarán la propuesta de clasificación atinente al caso en particular.
Más adelante, señala que corresponde al Titular del Poder Ejecutivo, junto con el Titular de la Unidad de Vinculación, aprobar en términos de su procedencia, las solicitudes y propuestas de clasificación de la información, en apego a lo previsto por el artículo 23 de la Ley de la materia, por lo que se expediría un acuerdo de clasificación de esa información, con los requisitos previstos en el artículo 26 de la referida disposición y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
De esta manera, el cuestionado gobernante instauró legalmente la “Ley Mordaza” en la entidad, pero nadie dijo “esta boca es mía”. Para no abusar de su tiempo y del espacio, abundaremos sobre el tema en nueva entrega.
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