Chetumal, 10 de julio. Enrique Mora Castillo, consejero vocal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, solicitó al Congreso del Estado su ratificación en el cargo para un período de tres años más.
En un documento enviado al presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Luís González Flores, y al que hoy le dio entrada la Diputación Permanente en sesión ordinaria; el consejero vocal del ITAIPQROO, Enrique Mora Castillo hizo uso de lo establecido en el artículo 45 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad para pedir a la actual legislatura que sea ratificado en el cargo que le fue conferido hace prácticamente seis años.
El funcionario de transparencia explica que reúne y mantiene todos los requisitos que exige la ley para el cargo que actualmente ostenta, y presentó a los legisladores documentos anexos en los cuales hace un “diagnóstico situacional” y un informe de actividades relevantes realizadas por su persona en ese organismo, como elementos para que la Legislatura valore su solicitud.
El presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado turnó la solicitud a la Comisión de Puntos Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
Cabe señalar que el artículo 45 de la citada ley estable que los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto durarán en su encargo seis
años, y podrán ser ratificados de manera individual, hasta por un período más de tres años con la misma votación requerida para su nombramiento.
En otro orden de ideas, se dio lectura a la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal a la petición hecha por la Comisión Especial que da seguimiento al caso del ingeniero Mario Villanueva Madrid para que se investigue y en su caso compruebe la existencia de alguna falta cometida por el magistrado Humberto Venancio Pineda, titular del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito al emitir una sentencia desproporcionada en contra del ex gobernador de la entidad.
De acuerdo al oficio No SEPLE/DIS/004/4825/2008, de fecha 25 de junio de 2008, el Consejo de la Judicatura acordó que en los términos del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la XII Legislatura no está facultada para solicitar investigaciones de ningún magistrado, en los términos propuestos, por lo cual no será procedente investigar al impartidor de justicia.
En su oportunidad, el presidente de la comisión especial, diputado y abogado Pedro Pablo Poot Ek, manifestó que los integrantes de la comisión en cuestión analizarán el documento enviado por el Consejo de la Judicatura para poder emitir una opinión razonada.
No obstante, adelantó su extrañeza por la respuesta emitida por el Consejo de la Judicatura, pues el Congreso del Estado no hizo una solicitud jurídica ni denuncia formal alguna, sino simplemente se emitió un exhorto para que ese órgano encargado de vigilar el correcto desempeño de los jueces y magistrados analice la actuación del magistrado Humberto Venancio Pineda.
Se trata entonces de una petición política y no jurídica para que el Consejo de la Judicatura Federal decida si hace o no la investigación respectiva, aclaró el legislador.
Por otra parte, se dio entrada a la petición emitida por vecinos de la colonia centro de la isla de Cozumel, derivada del documento que presentaron a su vez ante la Secretaría de Gobernación, para que la Legislatura intervenga de manera institucional de forma tal que el ex presidente de Cozumel, Gustavo Ortega Joaquín respete sus derechos y subsane los daños y perjuicios que ocasionó al realizar una obra sin consulta previa en su colonia, con la finalidad de que los turistas de cruceros bajen a adquirir mercancías del centro, lo cual no es considerado funcional porque existen muelles turísticos a partir de los cuales se construyeron los grandes establecimientos conjuntados en plazas comerciales.
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