Julio César Silva Cetina
A finales del sexenio de Miguel Borge Martín (1987-93) un escándalo sacudió Quintana Roo: dos profesores de la Normal de Bacalar fueron acusados de sostener relaciones sexuales con algunas de sus alumnas, a cambio de aprobarlas en sus exámenes y de acosar a otras.
Ambos profesores, uno de ellos ya fallecido, fueron suspendidos de sus labores, pero con el apoyo del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) contrataron abogados.
Cuatro años después, ya en el gobierno de Mario Villanueva Madrid, después de un proceso judicial plagado de irregularidades para favorecer a los acusados, los dos profesores fueron reinstalados y recibieron una jugosa cantidad de dinero como indemnización, en una clara muestra del influyentismo y de la impunidad que priva no sólo entre los líderes magisteriales, sino, incluso, en la Secretaría de Educación.
En ese entonces, la operación directa de la protección de los dos profesores estuvo a cargo de César Díaz Castillo, eterno director jurídico de la Secretaría de Educación y Manuel Tzab Castro, entonces líder del SNTE en Quintana Roo, que forma parte del grupo que integran Florentino Balam, Alexander Zetina y Carlos Gutiérrez, (a) “El Caníbal”, incondicionales de Elba Esther Gordillo Morales, a los que se les señala de promover el conflicto magisterial.
De hecho, actualmente hay un caso similar en el que las autoridades ministeriales tampoco han podido o querido intervenir, en gran parte por la protección sindical que tiene el acusado, incondicional de quienes promueven el paro magisterial y de los mismos funcionarios de la Secretaría de Educación, entre los que vuelve a aparecer Díaz Castillo.
Se trata del expediente penal abierto en el 2003 en contra del líder visible del conflicto magisterial, Amalio Cahuich Poot, acusado de abusos deshonestos en contra de sus alumnas en la primaria de Xul-Há donde trabajaba.
Díaz Castillo, que dicho sea de paso no ha ganado un solo caso para la Secretaría de Educación en todos los años que la ha representado legalmente, se ha negado de manera insistente a proseguir con el proceso penal, argumentando que no hay ningún antecedente de ese tipo en contra de Cahuich Poot.
Lo más raro del caso, es que siendo tan ineficiente se haya eternizado en esa posición.
PLATEA
Ayer los regidores y el alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez, estuvieron encerrados a piedra y lodo, para definir la concesión del servicio de recolección y disposición final de la basura. Apagaron hasta los celulares. ¿Habrán tomado la mejor decisión? ¿Velaron por los intereses de la comunidad o defendieron los suyos?
LUNETA
Quien se voló la barda ayer fue el director de Tránsito de Cancún, José Manuel Vera Salinas, quien afirmó que la corrupción en la corporación seguirá, aún cuando sean marcianos los policías.
“Mientras la gente no cambie y siga dando mordidas, esta situación prevalecerá”, afirmó el polémico funcionario, acusado de violentar los derechos humanos en Oaxaca, donde fue secretario de Seguridad Pública.
Para él son los ciudadanos los culpables de la corrupción entre sus elementos y no las cuotas que los propios jefes policíacos, del nivel que sea, le exigen cumplir diariamente a sus elementos que, ante esa situación, tienen que salir literalmente a asaltar a la gente, que sólo atina a defenderse “a mordidas”.- Cancún, Quintana Roo.
jsilva@cancundy.sureste.com
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