Paga millones por supuesta publicidad a empresas de las cuales no hay registro. Oposición y empresarios exigen investigación
Eduardo Cabrera / corresponsal
MÉRIDA, 2 de febrero.- El diputado federal Daniel Ávila Ruiz manifestó que interpondrá una denuncia ante el órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria, al revelarse un nuevo caso de desvío de recursos por medio del tráfico de facturas en varias dependencias del gobierno estatal.
En entrevista con Excélsior, el diputado federal dijo que ante claros indicios del tráfico de facturas pedirá la intervención de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación para aclarar las razones por las cuales el gobierno del estado trabaja con empresas fantasma y facturas infladas, sobre todo en las secretarías de Política Comunitaria y Social, Fomento Agropecuario y Pesquero y, sobre todo, en el despacho de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, de la cual depende la Coordinación General de Comunicación Social.
El escándalo llegó al Congreso del estado, donde el diputado local panista Tito Sánchez Camargo propuso un punto de acuerdo para ordenar a la Auditoría Superior del Estado que abra una investigación y auditoría, pero se desechó con el voto en contra, aprovechando su mayoría, de los legisladores del PRI y el PVEM.
El tema de las empresas fantasma salió a relucir en la entidad luego de que medios locales como Diario de Yucatán pusiera al descubierto que el gobierno del estado paga varios millones de pesos al mes por servicios de publicidad a empresas y personas físicas que, de acuerdo con algunos indicios, serían negocios fantasma; es decir, no existirían en la práctica o su dimensión sería muy pequeña con respecto a los cuantiosos pagos que reciben.
A cambio de entregar facturas, estos proveedores, la mayoría desconocidos en el medio y sin oficinas, e incluso muchos de ellos sin teléfono, reciben de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno de 100 mil a 800 mil pesos al mes, según indica la publicación.
Varias de estas empresas empezaron a funcionar en 2008 y 2009, en la administración de Ivonne Ortega Pacheco, con propósitos, en algunos casos, muy distintos a la publicidad.
Dirigentes empresariales de Yucatán y de la oposición manifestaron su desaprobación por un nuevo caso de presunto desvío de recursos oficiales en la Coordinación General de Comunicación Social, perteneciente al despacho de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
El presidente de la Coparmex-Mérida, Jorge Caamal Burgos, exigió que la Contraloría investigue los hechos y rinda un informe para que la sociedad se entere de los resultados.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Luis Alfonso Rodríguez Campos, pidió a los diputados que investiguen el presunto desvío de recursos por medio de proveedores fantasma en la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del estado, cuyo titular es Jesús Rivero Covarrubias.
Por su parte, la presidenta estatal del PAN, Magaly Cruz Nucamendi, señaló que “la compra de facturas a empresas fantasma de parte de Comunicación Social confirma lo que siempre hemos denunciado: en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco hay desorden y corrupción en su máxima expresión”.
Alejandro Cuevas Mena, presidente estatal del PRD, señaló que el Congreso del estado debe intervenir y pedirle a la Auditoria Superior que investigue los hechos y deslinde responsabilidades.
El desvío de recursos alcanzaría también al PRI local, al descubrirse, de acuerdo con las investigaciones, que uno de los proveedores favorecidos por el gobierno estatal también aparece en el padrón de proveedores del PRI en Yucatán.
La dirigente estatal del PRI, Alaine López Briseño, salió en defensa de la dependencia al afirmar que no hay irregularidades en la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno y asegura que las operaciones que realiza se ajustan al presupuesto asignado.
La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco salió al paso de las críticas y señaló que su gobierno actúa completamente apegado a la ley e informó que la información sobre este tema la da el gobierno a través de la Unidad de Información. “Nosotros la hemos entregado porque precisamente, jurídicamente, no hay nada”.
En esta capital, la noticia de un nuevo caso de desvío de recursos revela indicios de una práctica generalizada en varios ámbitos del gobierno local.
De acuerdo con el diputado Daniel Ávila Ruiz, esta costumbre ya se realizaba en la Secretaría de Política Comunitaria y Social, Fomento Agropecuario y Pesquero y, sobre todo, en la propia oficina de la gobernadora.
Es apenas la punta del iceberg, comentó. “Por ello, interpondremos una denuncia ante el órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, señaló.
dgp
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