Por considerar que la nueva distritación electoral aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo viola el derecho a votar y ser votados de ciudadanos que habitan en municipios del estado de Campeche, los cuales que quedaron comprendidos dentro del mapa hecho por la mencionada autoridad electoral, la Sala Superior revocó el acuerdo impugnado.
Al referirse al tema, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa señaló que para este tipo de ejercicios resulta invaluable el apoyo que pueda dar el Instituto Federal Electoral, al ser el organismo que tiene a su cargo todo lo relacionado con los programas de reseccionamiento o distritación electoral, siendo por ley su Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores quien tiene la atribución de mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, municipio y sección electoral.
Dijo que no obstante que el Instituto Electoral de Quintana Roo reconoce la existencia de un problema limítrofe pendiente de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin apoyo técnico, optó por incorporar las secciones electorales 425, 426 y 427 correspondientes al municipio de Holpenchén, Campeche, al de Bacalar, Quintana Roo, dentro de las secciones 444, 447 y 450, mismas que quedaron comprendidas dentro del III Distrito Electoral Uninominal.
La Magistrada destacó que el Registro Federal de Electores no ha efectuado una actualización de la cartografía electoral que involucre modificación de límites estatales o reasignación de secciones electorales entre esas entidades, pues el conflicto existente genera áreas de traslape o sobrecobertura que impiden establecer una única línea divisoria interestatal. Inclusive, señaló, el propio registro tiene ubicadas a esas comunidades en el estado de Campeche, y a los ciudadanos promoventes en el padrón electoral de ese estado. Es por ello que deben mantenerse sus registros en las secciones electorales de esa entidad, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva el conflicto limítrofe de fondo.
Durante la sesión pública se resolvieron 24 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 juicios de revisión constitucional electoral, lo que representa un total de 26 medios de impugnación. Además se aprobó una tesis.
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