Desde el inicio de mi gobierno, me comprometí a cumplir y hacer cumplir la Ley; esa es la primera obligación que tengo como Presidente de la República.
La ley nos obliga a todos por igual y nadie puede estar por encima de ella. Éste es el principio básico del Estado de Derecho.
El Procurador General de la República ha iniciado un proceso legal en contra de diversas personas, resultado de una investigación que hace presumible la comisión de diversos delitos del fuero federal.
Esta indagatoria deberá continuar hasta sus últimas consecuencias, siempre con estricto apego a derecho.
Para garantizar la aplicación de la ley, he ordenado asegurar el debido proceso y que se respeten los derechos humanos de las personas implicadas.
El Ejecutivo a mi cargo, será absolutamente respetuoso de la división de poderes y, específicamente, de las resoluciones que emita el Poder Judicial de la Federación sobre este caso.
El proceso que se sigue, es estrictamente legal. Responde a las evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Los recursos de los sindicatos, son de sus agremiados, no de sus dirigentes. Deben utilizarse en beneficio de los propios trabajadores.
La actuación de la Procuraduría General de la República, se realiza en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros.
Existe plena coordinación entre el Gobierno de la República y las autoridades estatales y del Distrito Federal.
Asimismo, se mantiene un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia nacional del SNTE.
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