Texto íntegro del boletín que envió por correo electrónico Olga Moguel Pereyra, dimitente consejera ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán:
El día de hoy, 28 de noviembre de 2008, ante el H. Congreso del Estado de Yucatán, los CC. Guillermo Alonso, Olga Moguel y Alejandro Seguí, miembros -con carácter honorario y ciudadano- del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), han presentado formalmente la renuncia a su cargo. A partir de que el Licenciado Jorge Alfonso Victoria Maldonado asumió la Presidencia de la CODHEY, los Consejeros dimisionarios detectaron una serie de irregularidades y omisiones que merman y hacen ineficaz la función del organismo público de defensa de los Derechos Humanos, y que también implican graves violaciones a las obligaciones y facultades del presidente de la CODHEY.
Según declaración de los tres Consejeros, éstos habían insistido en diversos espacios y medios a su alcance para impulsar un cambio en la forma de administrar la CODHEY, de tal manera que ésta cumpliera adecuadamente con las funciones para las que fue creada. No obstante, las prácticas irregulares persistieron y, en algunos casos, incluso se agravaron, a pesar de la crítica constante, no sólo de los Consejeros, sino también de organizaciones de la sociedad civil.
A criterio de los Consejeros renunciantes, un organismo público de Derechos Humanos que no hace una firme e incuestionable defensa de los mismos, es una institución que no cumple con los objetivos para los cuales fue creada, ni con el mandato otorgado a su Presidente por la Ley, dejando a los habitantes del estado en una situación de vulnerabilidad.
Por ello, desde el 16 de enero del presente año, los Consejeros hicieron llegar al presidente de la CODHEY el documento “CONSIDERACIONES SOBRE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN” en el cual le manifestaban una serie de preocupaciones en torno a diversas omisiones y errores que la CODHEY estaba cometiendo y que redundaban en perjuicio del servicio que la institución debe otorgar a las y los agraviados que acuden a ella para denunciar cualquier violación a sus derechos fundamentales.
En dicho documento los Consejeros señalaban la dilación en los trámites de quejas, el esquema engorroso y burocrático al que tienen que enfrentarse los quejosos, la mala calidad del trabajo de investigación, el que se minimice las repercusiones sociales de las violaciones que se califican en una Recomendación, las trasgresiones a la ley del INAIP y a convenciones internacionales al dar a conocer datos personales de los agraviados y/o testigos en las Recomendaciones, la falta de seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones y el carácter impreciso e impersonal de las mismas, entre otras inconsistencias, fallas y falta de transparencia e información por parte de la CODHEY.
El 25 de enero de 2008 el presidente de la CODHEY, en un escueto documento, pretendió dar respuesta a los señalamientos de los Consejeros. Según opinión de éstos, manifestada en un documento de respuesta fechado el 31 de enero de 2008, el presidente de la CODHEY no desmintió ni refutó las irregularidades que se habían detectado en su administración, muestra clara de su desdén, desinterés y la falta de voluntad para establecer mecanismos internos de corrección.Otras acciones fueron llevadas a cabo por los Consejeros que hoy renuncian, como establecer las tareas que -según ellos- debían realizarse para superar las insuficiencias de la CODHEY y que no fueron atendidas debidamente por el presidente del organismo público, así como entrevistar de manera personal al 93 por ciento de los trabajadores de la CODHEY para conocer de viva voz los principales problemas de su funcionamiento interno y recabar propuestas para su mejoramiento.
En un nuevo documento, fechado el 27 de mayo, los Consejeros insistieron en aportar elementos que contribuyeran a reorientar y a optimizar la labor de la Comisión, instando al Presidente y a los titulares de área a tener una respuesta profesional, seria, viable, comprometida y contundente. La respuesta del presidente, fechada el 10 de junio de 2008, lejos de asumir una postura autocrítica, pretendió justificar los señalamientos en una actitud meramente defensiva.
En un último intento, los consejeros acudieron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso del estado de Yucatán, a fin de exponer a los diputados y diputadas sus preocupaciones, teniendo dos reuniones con ellos durante los meses de junio y julio, tras las cuales la comisión legislativa se comprometió a revisar los documentos y a citar de nuevo a los Consejeros, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido.
El final de este largo camino es la renuncia que tres consejeros (tres de cuatro, honorarios) con han presentado hoy ante el H. Congreso del Estado, entregando ante esta instancia legislativa los documentos con los que avalan su renuncia irrevocable.
Este hecho inédito pone en serio cuestionamiento la labor de la CODHEY y de su presidente.
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