El Sol de México
Organización Editorial Mexicana
11 de diciembre de 2009
Nidia Marín
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de fallar si los estados de Guerrero y Quintana Roo homologarán sus procesos electorales al primer domingo de julio de 2010 y por lo tanto, por nueve meses, ambas entidades contarán con dos gobernadores, doble número de diputados locales en el caso del primero y doble número de legisladores locales y de alcaldes en el caso del segundo. Si hubiera rebeldía las sanciones a que se harían acreedores podrían alcanzar el desafuero.
Y es que a la vuelta de la esquina está el año de comicios 2010 y aún se desconoce si en el país habrá 15 elecciones o solamente 14 (Quintana Roo es un hecho que las efectuará el 4 de julio). La homologación del calendario electoral en dos entidades (Guerrero y Quintana Roo), en cuanto a la elección de gobernador, sigue en juicio de inconstitucionalidad, aunque se presume que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la primera dará su fallo antes del día 16 en que se declara en receso por vacaciones y el Congreso Local quintanarroense está a punto de hacerlo en el segundo caso.
Si los procesos comiciales se efectúan en los 15 estados de la república el año próximo, una impresionante cifra de más de 31 millones de mexicanos aproximadamente, votantes potenciales de acuerdo a los diversos padrones, se movilizarán hacia las urnas para elegir a 12 gobernadores, mil 524 alcaldes (siempre y cuando participen los 418 por usos y costumbres de Oaxaca) y 623 diputados locales de mayoría relativa y de representación proporcional.
A estas fechas aún no se define totalmente lo que sucederá en Guerrero y en Quintana Roo. La reforma electoral de 2007 todavía tiene en vilo a los dos procesos electorales, puesto que el artículo 116, fracción IV, inciso a) constitucional, ahora señala:
"Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que: Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las Legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición."
Las entidades que no tuvieron esa discusión o que ya superaron el problema y que irán a elecciones en el 2010, sea de gobernador o de diputados y alcaldes o las tres juntas son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Oaxaca (aún con indefinición en lo relacionado al renglón de usos y costumbres que abarca 418 municipios), Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. De ahí el elevado número de potenciales votantes, porque llevarán a cabo comicios varios estados que ostentan en el país los padrones más nutridos.
Originalmente varias entidades entraron en conflicto después de la reforma constitucional. Uno de los últimos estados que superó el escollo fue Sinaloa, cuyos legisladores locales no se pusieron de acuerdo y se dirimió mediante una controversia constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rindió su falló a finales de noviembre y "dio palo" a los partidos que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad, al rechazarlo por unanimidad y aprobar que las elecciones locales del próximo año se efectuarán el primer domingo de julio y no el segundo de octubre.
Por lo tanto Sinaloa ya no tiene problemas para llevar a cabo sus comicios de renovación de la gubernatura, las 24 diputaciones de mayoría relativa y las 16 de representación proporcional, así como los 18 ayuntamientos.
* CAMINOS DEL SUR
Pero en Guerrero la situación es distinta desde que la anterior Legislatura local determinó que la elección del próximo gobernador se realizaría el 30 de enero del 2011. Los actuales diputados no se pusieron de acuerdo y el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Apenas el pasado 27 de octubre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una opinión sobre el caso.
Refirió los argumentos interpuestos acerca de que si la jornada electoral se efectuaba el primer domingo de julio de 2011, dado que el actual gobernador del estado de Guerrero concluye su encargo el 31 de marzo del mismo año, sería menester que la Legislatura local nombrara a un gobernador interino, provisional, sustituto o encargado del despacho, o bien, que prorrogara el mandato del gobernador en funciones hasta la conclusión del proceso electoral.
Mencionó el planteamiento de que ninguna de estas situaciones es admisible constitucionalmente, pues el nombramiento de un gobernador interino, provisional, sustituto o encargado del despacho obedece a hipótesis de carácter extraordinario y que se susciten durante el periodo en que el gobernador deba ejercer su cargo, no fuera de ese lapso, conforme con los artículos 67 a 73 de la Constitución local.
Precisó además otros argumentos: que la prolongación del mandato del actual gobernador sería también contraria a la Constitución, porque la extensión del periodo de ejercicio de los gobernantes locales debe llevarse a cabo, en todo caso, a través de una previsión de aplicación futura, de modo que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija. Así lo ha sostenido ese H. Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas.
Por otro lado, expuso que si la jornada electoral se celebra el primer domingo de julio de 2010, el lapso entre la elección y la fecha de inicio de funciones del gobernador electo sería de aproximadamente nueve meses, con lo cual, durante un periodo considerable habría en el estado un gobernador en funciones y uno electo.
Explicó que acorde con la exposición de motivos reproducida en el Decreto 118 de la Quincuagésima Novena Legislatura del estado de Guerrero, la decisión indicada produciría la convivencia por un periodo extremadamente largo de dos gobernadores y podría generar problemas de gobernabilidad.
"Para la mayoría de esta Sala Superior es claro que sólo resultarían válidos y tendrían efectos jurídicos los actos que sean llevados a cabo por el gobernador cuyo periodo no hubiere concluido; sin embargo, la coexistencia de este último y el gobernador Electo por un periodo largo, podría generar una percepción entre la ciudadanía y los diversos actores políticos que no contribuiría a la certeza y objetividad, cuando esa circunstancia no está justificada por las necesidades que derivan de una transición ordenada y oportuna entre la administración saliente y la entrante."
La conclusión es:
"ÚNICO. En opinión de la mayoría de los integrantes de esta Sala Superior, las normas impugnadas son inconstitucionales, pues contravienen lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución General de la República, en la cual se prevé el primer domingo de julio, como fecha de celebración de la jornada electoral para la renovación de los cargos de elección popular en las entidades federativas, que se lleve a cabo en año distinto al de los comicios federales."
Sin embargo, todavía falta que se dé a conocer el fallo de la Corte.
* EN QUINTANA ROO, POR EL ESTILO
El dilema en Quintana Roo es similar al de Guerrero, pero allá, ante la posibilidad de que el máximo tribunal de justicia de la nación resuelva, en el Congreso Local trataron de sacarlo adelante y lo están logrando.
Para ello, el pasado primero de diciembre, la bancada del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de ley con la finalidad de homologar las elecciones para el 4 de julio de 2010, es decir, adelantarlas siete meses.
Hay la consideración de que la propuesta va a prosperar, porque el partido tricolor cuenta con una mayoría de 14 diputados, mientras que en la oposición están: 4 del PAN, uno del PRD, 3 del Verde, uno de Nueva Alianza, uno del Partido del Trabajo y uno independiente.
Se supone que están a punto de votar tal iniciativa en el pleno y de aprobarla (como sucedería en su caso con Zeferino Torreblanca y los 45 legisladores locales en Guerrero si la Corte lo decide) habría dos gobernadores: uno electo y uno en funciones durante nueve meses. Lo mismo sucedería con 25 diputados y con 9 alcaldes en Quintana Roo.
Si la Corte falla y no cumplen con su inapelable mandato los que se declaren en rebeldía podrían ser desaforados.
0 Comentarios