Las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y Amparo avanzan en la consulta al Constituyente que lo conforman los Congresos del los Estados del país; por lo pronto Quintana Roo es el séptimo Estado que aprobó por unanimidad la iniciativa que en su momento fue presentada por el senador Pedro Joaquín Coldwell y otros senadores del PRI y PRD.
En sesión ordinaria, el Congreso del Estado decidió apoyar en forma unánime la reforma constitucional mediante la cual se modifica la denominación del capítulo primero del título primero, y de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar a los Derechos Humanos de manera explícita, así como dotar de mayores facultades y atribuciones a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyas recomendaciones en contra de los malos funcionarios ya no quedarán “en aire”.
Y es que los Derechos Humanos como tal no se encuentran textualmente especificados en la Carta Magna a pesar de que de manera implícita se encuentran contenidos en varios artículos de la Constitución dentro de la parte dogmática en las cuales se encuentran contempladas las garantías individuales y que ahora serán llamadas garantías de las personas.
Se establece la autonomía de los organismos públicos de Derechos Humanos en las entidades federativas, como obligatorio, y se traslada la facultad de investigación que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También se fortalece la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, al establecer que las autoridades tendrán la obligación de dar respuesta a las recomendaciones de la CNDH, y quien no las acepte deberá fundar y motivar públicamente el porqué de su negativa; y en su caso los funcionarios podrán ser llamados a comparecer ante el Senado o los Congresos locales, según se trate.
Además, se facultaría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pueda ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales o estatales que vulneren derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Por otra parte, dentro de las reformas más importantes que se proponen en materia de Amparo destaca el hecho de que, por primera vez en la historia del país y atendiendo uno de los reclamos generales de la ciudadanía que ha visto vulnerada sus garantías individuales, la resolución de los amparos podría tener aplicación de carácter general y ya no únicamente tendría efectos para la persona que promovió ese recurso.
Sin embargo, para ello se establece en la propia Constitución federal la serie de procedimientos jurídicos que se deben realizar para lograr que los efectos de los amparos promovidos tengan aplicación de carácter general, mediante la “Declaratoria de Inconstitucionalidad” que en su caso debe emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez agotado el procedimiento.
Otro de los puntos importantes de la reforma se refiere al establecimiento de nuevos mecanismos para dar celeridad a los procesos y facultades para que la Corte separe del cargo y consigne a los funcionarios que no acaten las sentencias derivadas del amparo.
Cabe señalar que la reforma como tal fue presentada en el Senado de la República, como Cámara de Origen; por los senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murrillo Karam, Fernando Castro Trenti y Pedro Joaquín Coldwell, del PRI, y René Arce Islas, del PRD; y fueron aprobadas en el mes de marzo pasado en el Congreso de la Unión; en tanto que ahora está en proceso de aprobación en cada una de las entidades del país, colocándose Quintana Roo como el séptimo en avalar la reforma constitucional, seguido de Yucatán, Campeche, Veracruz, Colima, Nayarit y Tamaulipas.
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