- Buscan suspender afectación en participaciones federales sobre el lío limítrofe y queja contra Inegi (clic aquí para ver el mapa).
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| Raúl Labastida Mendoza |
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Idalia Carrillo
SIPSE
Chetumal
Quintana Roo.
El Gobierno del Estado presentó un nuevo recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suspender cualquier afectación en las participaciones federales derivada del lío limítrofe y la queja interpuesta en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al considerar 191 comunidades de Quintana Roo en el estado de Campeche para la elaboración del Censo de Población y Vivienda 2010.
El consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Raúl Labastida Mendoza, explicó que de nueva cuenta se recurrió a la máxima corte del país en materia de juicios constitucionales, con el fin de presentar un recurso legal a manera de amparo.
El objetivo es que en tanto se resuelva la demanda presentada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a principios de este mes en contra del Inegi, la Secretaría de Hacienda federal no disminuya las aportaciones federales que le corresponden a Quintana Roo.
El Inegi, presentó el pasado marzo, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Entre los resultados de este censo, 191 comunidades de la zona limítrofe con Campeche, fueron consideradas a favor de esa entidad, cuando en censos anteriores se habían contemplado como territorio de Quintana Roo.
Ante la posibilidad de que la SHCP reduzca las participaciones federales por esa causa, fue que se entregó el recurso legal ante la SCJN.
En esas 191 poblaciones habitan alrededor de 27 mil personas, "lo que solicitamos es que no nos suspendan las participaciones federales en tanto se determine por sentencia lo que nos corresponde conforme a la ley", explicó Labastida Mendoza.
"Estamos apelando a la Corte para que se nos restituyan los derechos", reiteró.
Señaló que el Inegi cayó en un error al considerar las Constituciones Políticas de los estados de Yucatán y Campeche al realizar el Censo 2010, cuando debió tomar como base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "son premisas falsas y argumentos erróneos, lo que hay que evitar es que se siga esta cadena de errores que afecten al estado", indicó.
El funcionario dijo que se desconoce cuánto tiempo transcurrirá para que los ministros de la SCJN analicen las demandas presentadas y mucho menos cuándo resuelvan en consecuencia, "sería irresponsable dar una fecha porque ellos son los que definen sus tiempos de acuerdo a la carga de trabajo que tienen", explicó.
Dijo que ambos recursos cuentan con el respaldo de los poderes Judicial y Legislativo.
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